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Redoble por Majaz: Acerca de las aventuras y desventuras de la minería, los medios de comunicación y la democracia en el Perú

09/18/2007

“La humanidad se arrodillaba, suplicaba gemía. ¿A quién? Dios volvía su espalda desdeñosa.” (Manuel Scorza: Redoble por Rancas)

A veces, la literatura se acerca a la historia de tal forma que llega a simbolizarla y a retratar una época. Tal es el caso de Redoble por Rancas, que narra la continua, desigual e injusta lucha de la comunidad campesina de Rancas contra una gran compañía minera: La Cerro de Pasco Corporation (USA).

Sin embargo, de haberse escrito este año, podría haber retratado perfectamente lo que sucede en estos momentos en Piura. Si bien es cierto en este caso se trata de dos comunidades campesinas afectadas: Yanta y, Segunda y Cajas; y de una compañía minera de capitales chinos. ¡Paradojas del capitalismo!

Sobre las circunstancias en que surge esta historia.-

En los últimos quince años, con la liberalización de nuestra economía, la desestabilización de muchos sindicatos, y la eliminación de varios beneficios laborales (como la estabilidad laboral), el Perú ha logrado un notable crecimiento de la producción y de la exportación de minerales. De esta forma, en los 90’s el área afectada por concesiones mineras aumentó de 4 millones a 16 millones de hectáreas. Así, a fines de la década pasada, aproximadamente el 55% de las 6 mil comunidades campesinas del país estaban ubicadas en zonas influidas por la minería (Minería y Desarrollo en el Perú, con especial referencia al Proyecto Río Blanco, Piura: PSG 2007)

Si bien es cierto estas no son las únicas causas, resultan sumamente importantes para los inversionistas extranjeros del sector minero, al momento de decidir en que región del mundo van a invertir. Por eso no resulta extraño que dichos inversionistas coloquen al Perú en el puesto 43 cuando se mide nuestro actual potencial minero en relación con nuestras actuales regulaciones y restricciones del uso tierras. Asimismo, cuando se hace la medición de nuestro potencial minero en relación a hipotéticas regulaciones, mucho más flexibles, en donde no existen restricciones de ningún tipo en cuanto al uso de la tierra, el Perú ocupa el primer puesto. (Encuesta Anual de Compañías Mineras: Instituto Frasier 2005-06)

Lo anterior también tiene mucho que ver con el retorno del sistema democrático en nuestro país, que ha permitido, en estos últimos años, que se fortalezcan nuestras leyes laborales, que se controle mejor a nuestra economía y se recompongan nuestros frágiles sindicatos. Esto es notorio en el estudio anterior cuando se analizan los puestos que ha venido ocupando el Perú en el primer cuadro descrito. De ocupar el puesto 6 en el 2002-03, pasamos al puesto 9 en el 2003-04, de ahí al puesto 19 en el 2004-05, para estar finalmente en el puesto 43, ya mencionado anteriormente. (Frasier 2005-06) Igualmente, es posible que el restablecimiento de las libertades democráticas haya permitido que aumenten los conflictos sociales entorno al tema minero, en la media en que la población se ha sentido más segura al reclamar. Así, la Defensoría del Pueblo registró 33 problemas distintos relacionados al tema de la minería en el 2005 (PSG 2007).

En el caso específico de Piura, se puede decir que dicha región no tiene una trayectoria histórica minera, como si la tienen otras regiones en el país. Sus antecedentes mineros se remontan a un anterior conflicto social, el caso de Tambogrande, que es casi reciente. Mas bien, su producción se orienta a la pesca, a los hidrocarburos y a la agricultura. En el último caso, según el Perú Support Group (PSG), entre 1970 y 1994 el sector agrícola piurano creció a 1. 18% anual, mientras que el PBI departamental creció a 1.51%, lo que evidencia que la agricultura, como actividad económica, no es lo suficientemente importante como para elevar el nivel de vida de la población. Esto también significa que, a pesar de que genera mucho empleo, tiene una baja productividad y una producción orientada básicamente al mercado interno. (PSG 2007)

Sin embargo, su actual producción agrícola no es nada desdeñable, menos aún su potencialidad. La producción de limones en Piura está entre los primeros 15 países del mundo, así también, su producción de mangos. Igualmente, así como el Perú utiliza solo el 33% de las tierras agrícolas que posee, Piura solo utiliza 115 mil hectáreas de las 180 mil que puede cultivar. Incluso, según una investigación, se podría irrigar 150 mil hectáreas más (Piura, actividad económica, desarrollo y ambiente: Correa 2006). Evidentemente, para que esto sea una realidad, es necesario de parte del gobierno central un apoyo al sector agrícola.

Sobre los acontecimientos que parieron el conflicto.-

Todo comenzó remotamente, allá por el comienzo de la década de 1990, cuando el yacimiento de cobre en la zona de río Blanco fue hallado. De ahí pasaron algunos años hasta que los derechos de exploración fueron adquiridos por Monterrico Metals, de financiación británica, en el 2003. A partir de ese momento, empezó realmente esta historia.

Dicho yacimiento se encuentra básicamente en un lugar denominado como Henry’s Hill, que abarca las tierras de dos comunidades campesinas: Segunda y Cajas, y Yanta; afectando en total 1 000 hectáreas, de las cuales la mayoría pertenecen a Yanta. El PSG señala que dichas tierras no están particularmente pobladas ni intensamente cultivadas, y se utilizan más bien, como tierras de pastoreo o de “reserva”. Asimismo, vale la pena mencionar que, ambas comunidades campesinas son particular y excepcionalmente extensas y pobladas. Segunda y Cajas comprende territorialmente todo un distrito (Carmen de la frontera) y más. A su vez, las tierras de Yanta están divididas entre dos provincias, Ayabaca y Huancabamba, aunque sus poblados están en la primera.

Aunque la exploración minera comenzó a mediados del 2002, recién en el 2003 el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) aprobó la Evaluación Ambiental presentada por la Minera Majaz, controlada por Monterrico Metals, con lo que legalmente tenía la autorización para realizar exploraciones en la zona. Sin embargo, la legalidad de esa autorización fue cuestionada por la Defensoría del Pueblo en un informe fechado el 9 de agosto del 2006.

En ese informe la Defensoría del Pueblo afirma que se tomó un plazo mayor a los 40 días estipulados por ley para conceder el permiso a la empresa. Además, encontró que los avisos publicados invitando a las comunidades a comentar la evaluación ambiental realizada por la minera, consignaron erróneamente el nombre del área donde se iba a hacer la exploración. También, halló que el MINEM no solicitó como requisito indispensable para obtener la aprobación de la evaluación ambiental, el permiso de los dueños de los terrenos. Finalmente, señaló que como los propietarios de esos terrenos son comunidades campesinas, se requiere que el permiso de exploración sea otorgado por dos tercios de los miembros de la comunidad, y que la Minera Majaz solo había obtenido el permiso de algunos líderes de dichas comunidades.

Como respuesta de todo ello, el MINEM no aceptó las responsabilidades del caso y negó cualquier error en su proceder, e incluso afirmó que el permiso de los dos tercios de los miembros de la comunidad no era necesario para aprobar solicitudes de exploración. Es decir, que no se necesita el permiso de los dueños de los terrenos si una minera cualquiera quiere explorarlos. Con esa lógica, los derechos de propiedad no tienen ningún valor para el Estado.

Por ello, este proceder de la Minera generó desconcierto entre la población, la cual no tardó en reaccionar. Las primeras acciones de ambas comunidades campesinas fue desconocer los permisos otorgados por algunos de sus líderes a la Minera, los cuales en su mayoría eran permisos para “pruebas sísmicas
”. De esta manera, en la asamblea de la comunidad de Segunda y Cajas del 18 de mayo del 2003, se declaró nula la autorización para prospección sísmica, otorgada por su junta directiva comunal a la Minera Majaz. Prohibiéndose en sus terrenos todo tipo de actividad minera. Este acuerdo fue ratificado por una resolución comunal el 26 de enero del 2004. La comunidad de Yanta no se quedó atrás, y en su asamblea general del 10 de enero del 2004 declaró por unanimidad su oposición a la minería y la no existencia de permiso alguno que permita a la Minera operar en sus tierras. Sin embargo, a pesar de estas acciones en defensa de su derecho de propiedad, el MINEM hizo caso omiso de estas protestas.

Entonces, comenzaron las protestas. El 22 de abril del 2004 un gran contingente de ronderos y comuneros se dirigieron al asiento minero para protestar, pero fueron repelidos por la policía, lo que ocasionó la muerte de un campesino, Reemberto Herrera Racho, al impactarle una bomba lacrimógena en la cabeza. A raíz de estos sucesos se intentó llegar a un diálogo, pero tanto los dirigentes de las comunidades campesinas como de las distintas organizaciones sociales no confiaron en el resultado del mismo.

La tensión quedó latente en la zona. Por lo mismo se organizó para el 25 de julio del 2005 una segunda marcha hacia el asentamiento minero, que reunió alrededor de 3 mil ronderos de Yanta, con apoyo de ronderos y campesinos de Segunda y Cajas, San Ignacio y Namballe. Siendo estos dos últimos centros poblados de la región de Cajamarca. Nuevamente se produjeron enfrentamientos con la policía que ocasionaron otro muerto: el campesino Melanio García González.

Por último, la violencia tuvo un capítulo más, cuando se realizaba un taller organizado por el Frente por el Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte del Perú, que reúne a varios alcaldes, además de los líderes de las comunidades campesinas, de las rondas y de los frentes locales de defensa. Los participantes del mismo fueron atacados por campesinos pro mina que habían llegado organizados y armados con piedras (PSG 2007).

Sobre supuestos conciliábulos de los medios de comunicación.-

Frente a todo lo anterior, los representantes de las comunidades campesinas y de las demás organizaciones sociales decidieron convocar una consulta popular en tres distritos: Ayabaca, Pacaipampa y El Carmen de la Frontera. Esta consulta tuvo por objetivo el recoger la opinión de la población sobre si la mina debe seguir operando en esa zona. Esta consulta se realizó el domingo 16 de setiembre de este año.

Sin embargo, la postura del Gobierno (representada por el Presidente del Consejo de Ministros Jorge del Castillo y del MINEM) fue oponerse a tal medida, asumiendo en la práctica la defensa de la postura de la Minera Majaz, quien había cambiado de dueño. Para entonces Monterrico Metals había vendido sus acciones al consorcio Zijin (China).

De esta manera, se acusó a la postura anti minera de manipular la opinión de la población, usando para ello a los diferentes medios de comunicación, ya sean escritos, radiales, televisivos (locales y nacionales). Incluso, se llegó a aseverar que los dirigentes de las comunidades campesinas habían ordenado castigar a latigazos a todos los que votaran a favor de la Minera Majaz. Esta aseveración fue refutada por los propios alcaldes quienes señalaron que: “Y con esa denuncia lo único que hace el Premier es ponerse a favor de las mineras y en contra de su pueblo que somos nosotros” (La República, 12 de setiembre).

Aquella guerra mediática desatada por la cercanía de una consulta popular, muy parecida a la que se dio años antes en Tambogrande, no hizo más que intensificarse con el paso del tiempo. Sobre todo al fracasar el intento de diálogo de una delegación del gobierno encabezada por el propio Presidente del Consejo de Ministros, quien al parecer buscaba frustrar la consulta y llegar a algún tipo de acuerdo. En vista de ello, las autoridades locales y los alcaldes de los distritos no se presentaron a dicha cita, afirmando que se reunirían con el gobierno después de conocerse los resultados de la consulta vecinal.

Inmediatamente después, el gobierno intentó un último amague para frustrar, o en último caso, empañar los resultados de esa consulta. Por ello, Jorge del Castillo acusó el 12 de setiembre a la radioemisora piurana Cultivalú de atentar contra la libertad de expresión, al censurar un spot publicitario que el MINEM quería propagar. La importancia de dicha emisora radica en que, es una de las dos radios que hacen llegar su señal a los distritos de la consulta en Piura. De lograr confirmar esta acusación el Gobierno podría asegurar que, no existían las condiciones necesarias para que se lleve a cabo la consulta de forma transparente, libre de presiones y manipulaciones. Invalidando así cualquier resultado negativo contra la Minera Majaz.

Sin embargo, la radio Cultivalú dejó en claro su posición, la cual fue apoyada por varias organizaciones periodísticas, como el Instituto de Prensa y Sociedad. Afirmó que su negativa a aceptar dicho spot se debía a que no mencionaba al autor del mismo, en este caso sería el MINEM, y que propalaba información falsa, al afirmar que la Defensoría del Pueblo había declarado improcedente la consulta. (Perú 21, 13 de setiembre).

Lo que está claro es que el Gobierno, desde el Presidente para abajo, intentaba manipular también la opinión pública, con su defensa cerrada a la Minera Majaz, generalizando el debate en torno a la minería en el país. Lo paradójico es que éste resulta ser el tema de fondo que necesita ser debatido seriamente en todo el territorio. De lo contrario este tipo de conflictos serán más que recurrentes.

Esta manipulación se hace evidente si se toma en cuenta la campaña de desprestigio de diversos medios de comunicación contra las organizaciones sociales y representantes de las comunidades campesinas, que tienen una postura crítica u opositora contra la Minera, que se dio desde finales del 2005. Esta campaña se dio tanto a nivel local como nacional. En uno de esos ataques se mencionó de la existencia de una “red del terror” que buscaba impedir el proyecto minero de Río Blanco (Programa Panorama, 23 de octubre del 2005).

Además, los diversos comentarios de personalidades políticas ligadas al gobierno, en las últimas semanas, como los del Presidente, que hacen mención a la presencia de comunistas en la zona, esconden la intención de reprimir a toda costa cualquier opinión diferente a la postura del gobierno. Todo ello no hace más que restar libertades políticas a una población que se siente afectada por la presencia de la Minera Majaz. En donde el verdadero círculo de terror parece encontrarse en la negatividad del gobierno en dialogar abiertamente, sin tratar de imponer su propia agenda.

Donde el desinformado lector conocerá la aventura y desventura de una consulta.-

Dentro de la guerra mediática desatada en torno al tema de la consulta vecinal, destacaron las opiniones de algunos políticos y/o periodistas, por reflejar con sus ideas nociones poco democráticas y participacionistas, por no decir autoritarias. Varios de esos comentarios se asemejaron a la postura del MINEM que negó a las comunidades campesinas el derecho que les corresponde, como propietarios de las tierras superficiales, a decidir sobre su uso. Aldo Mariátegui se lanzó a la carga rápidamente: “No pueden darse referéndums caprichosos al margen de la ley y del JNE, desmembrando nuestro concepto de Estado Unitario, pues no somos federales (…). Como en el Mercado de Santa Anita, pongan autoridad de una vez y frustren esa payasada antes que se desmadre.” (Correo, 12 de setiembre).

No solo el Gobierno trató de desacreditar dicha consulta o enfatizar que la misma no tiene carácter vinculante, es decir, no obliga al gobierno a tomar en c
uenta la opinión de la población. También lo hicieron a su manera diversos comentaristas. En estas posiciones se encuentra Fernando Rospigliosi quien señaló que la consulta no tenía nada de democrática porque fue convocada cuando lo quisieron y donde más les convenía, porque se plantearon las interrogantes que les pareció más conveniente, porque no ha habido una difusión de las desventajas y ventajas del proyecto minero y porque los organizadores controlaban las mesas de votación, los sufragantes y el proceso del conteo de votos (Perú 21, 9 de setiembre). Todo ello merece una respuesta.

Tal como estaba planteada la coyuntura, a punto de iniciarse la etapa de explotación de la mina, no existía otro momento para que la población decida anteladamente si quiere que la mina opere en sus tierras o no. Además, los distritos participantes en esta consulta no han sido elegidos al azar. Su elección responde a su cercanía con la zona de Henry’s Hill. También, si se planteó en la consulta que las personas respondieran si estaban de acuerdo con que se realizara actividad minera en su distrito, se debió porque esa es la principal preocupación de la población y porque se trata de una consulta organizada por las organizaciones de base de dichos distritos. No se puede esperar nada diferente. Lo lógico es que una consulta popular responda a los cuestionamientos de la población y no de la Minera o el gobierno. Igualmente, si no se pudo difundir adecuadamente las ventajas y desventajas del proyecto minero, la culpa no solo la tienen las posiciones sectarias de “ecologistas extremos”, sino también las posturas autoritarias de la propia Minera y el gobierno, que en todo momento prefirieron desautorizar la consulta y no informar a los pobladores. Por último, resulta escandaloso que se acuse de fraude a un proceso eleccionario sin prueba alguna, sobre todo cuando se demostró después de la consulta, que el mismo se llevó a cabo sin mediar inconvenientes.

Sin embargo, esta guerra mediática no solo quedó en palabras. Pocos días antes de la consulta, el Jurado Nacional de Elecciones se le opuso radicalmente. Su procurador Ronald Angulo solicitó a la Fiscalía Provincial de Ayabaca que se incaute todo el material electoral destinado a la consulta, lo cual fue declarado improcedente (Perú 21, 14 de setiembre).

No obstante, la consulta siguió adelante y sus resultados ratificaron lo que ya era previsible. La oposición de la población frente a la Minera fue casi total. El NO alcanzó en Ayabaca el 93.48%, en Pacaipampa el 98.13%, y en El Carmen de la Frontera el 92.53%. En total asistieron 17 599 pobladores, que representan el 57% de la población votante de los 3 distritos.

Asimismo, se puede afirmar que la asistencia de la población a la consulta fue mayoritaria, más aún si se toma en cuenta el grado de descomposición de nuestro sistema político, el cual se evidenció en las elecciones municipales y regionales pasadas. Lo evidente es que en Ayabaca participó el 49.37% de la población, en Pacaipampa el 69.27% y en El Carmen de la Frontera el 63.48%.

De esta forma, en Piura se presentaron síntomas de la descomposición de nuestro sistema político, como son la alta dispersión del voto, la fuerte presencia de organizaciones políticas locales y regionales y el sorprendente éxito de las mismas. Entonces, se entiende porque en las elecciones regionales en Piura de las 7 listas postulantes, 3 pertenecían a organizaciones políticas regionales, de las cuales el Movimiento Regional Obras más Obras destacó por su segundo lugar con un 18%. Revisando cada resultado electoral, ya sea a nivel regional, provincial o distrital se puede aseverar que la presencia de organizaciones políticas locales en esas elecciones es mayoritaria en la región.

Además, no solo tuvo presencia sino también resultados. A nivel provincial, 5 de las 8 alcaldías fueron ganadas por organizaciones políticas de corte local o regional. En el caso específico de las provincias de Ayabaca y Huancabamba este fenómeno se repitió a nivel distrital. En 6 de los 9 distritos de Ayabaca vencieron organizaciones políticas locales, donde la organización Alternativa Campesina tiene un predominio con 5 alcaldías. A nivel provincial esta lista también fue la vencedora. En Huancabamba las organizaciones políticas locales vencieron en 5 distritos de los 7 que tiene la provincia.

La dispersión del voto es notoria, no solo por la cantidad de listas que se presentaron para esas elecciones, sino también por el bajo porcentaje de votos que recibieron las listas ganadoras. En la votación regional el APRA venció con tan solo el 21%, mientras que a nivel provincial el promedio del porcentaje de las listas ganadoras es de 28.4%, en donde en la provincia de Huancabamba el Frente Amplio Campesino Urbano obtuvo solo el 16%. Esa misma constante se mantiene a nivel distrital. Estos bajos porcentajes reflejan la amplia división política existente entre la población, la endeble legitimidad que obtienen con estas elecciones las nuevas autoridades (lo que condiciona su futuro comportamiento) y la desconfianza de la población hacia los proyectos políticos nacionales.

Hay que tomar en cuenta también que estos 3 distritos se encuentran en las dos provincias más pobres de Piura y entre las más pobres del Perú. No es de extrañar entonces el por qué en dichos distritos, a diferencia del resto de provincias de la región, el apoyo a la candidatura regional del Partido Nacionalista, que de alguna manera representaba en esas elecciones el voto crítico al sistema político y económico, haya tenido tanta acogida. En Ayabaca el Partido Nacionalista tuvo la más alta votación con más de cinco mil votos, lo que equivale al 36%. En Pacaipampa el Partido Nacionalista también obtuvo la más alta votación con el 23% de los votos. En El Carmen de la Frontera la votación del Partido Nacionalista quedó en segundo lugar con el 15.8%, tras la votación de una candidatura regional, con el significativo nombre de AGRO Sí, que obtuvo el 20.4%.

A pesar de los intentos de desestimar estos resultados por parte del Presidente del Consejo de Ministros, las declaraciones de un alto funcionario de la Minera Majaz al PSG, cuando aún estaba controlada por Monterrico Metals, grafica objetivamente la situación: Si un 50% de la población está en contra de la mina, no sería posible seguir adelante (PSG 2007).

De cómo es posible repetir una historia.-

(en proceso de redacción, vienen más partes)

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2 comentarios leave one →
  1. Anonymous permalink
    09/20/2007 1:57 PM

    Como bien mencionas, Majaz ha llevado nuevamente el debate acerca de la minería a la esfera pública y eso hace que nos encontremos en un buen momento para debatirlo. Dejando la inocencia y el idealismo de lado, creo que hay que darse cuenta de que en los conflictos entre mineras y comunidades no se puede hacer una categorización dicotómica entre buenos y malos porque en ambos bandos hay de los dos:dentro de las comunidades también hay juego sucio para obtener el máximo beneficio y dentro de las mineras seguramente hay algunas personas interesadas por las relaciones comunitarias y realmente abiertas al diálogo. Sin embargo, no son solo las mineras y las comunidades las que participan de este proceso, también está el gobierno. Y creo que justamente es el gobierno el que peor está actuando en el caso de Majaz.
    Su actuación ha hecho evidente su parcialidad en el conflicto, defendiendo solo los intereses de la minera aduciendo falazmente defender los intereses del país, recurriendo (y a la vez reforzando) esterotipos de campesinos ignorantes, manipulables y retrasados en oposición a una imagen de progreso que muestran como inherente a la minería. En fin, como tu dices, un gobierno que si bien en el discurso llama al diálogo, en la realidad, no está abierto a él. Para mi, esta actuación es una muestra más de lo equivocado que está el gobierno y de lo desconfiados que tenemos que ser con él…
    Farah
    pd: cumplí

  2. gatorade permalink
    10/01/2007 12:46 AM

    si claro

    cambie mi url!!!!!!!!!!!!!!!
    http://calzonamarillanto.blogspot.com/

    disculpe mi inestabilidad! jajaja cambia el link !!!! gracias!! un beso!

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