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El (am)paro del abuso

07/22/2009

Por: Héctor Jesús Huerto Vizcarra

Una muestra del transporte público limeño

Una muestra del transporte público limeño

La mejor explicación que tengo sobre el caótico vaivén del transporte público metropolitano es que nuestros choferes se están preparando para ser pilotos interestelares en una posible guerra con otros mundos. Sencillamente no encuentro mejores motivos para explicar las bizarras situaciones que se desarrollan en las pistas limeñas. Recuerdo con cierta nostalgia caballeresca aquella vez en la madrugada en donde una couster de la ruta Barranco-Tacna, en la que yo iba montado, persiguió a otra con el cobrador con medio cuerpo afuera y blandiendo un largo palo de madera para derribar el espejo retrovisor del contrario. Por eso no es tan difícil imaginar que las combis, los ómnibus y los buses interprovinciales sean los causantes de alrededor de 1200 muertes al año.

Gran parte de la culpa de este interestelar desorden se debe a la inoperancia de los gobiernos municipales limeños y a la permisividad del Estado, especialmente durante el gobierno de Fujimori. Salvo la excepción de Alberto Andrade, quien titánicamente expulsó a las combis de las grandes avenidas del centro de Lima, ninguno de sus sucesores ha querido comerse el pleito. Ahora, esto no quiere decir que tenemos que dignificar a los conductores particulares, incluyendo a los taxistas, quienes mayormente son otras bestias sobre ruedas. Ser un ciclista o un simple peatón en la ciudad de Lima implica participar de un videojuego macabro en donde ponemos constantemente en riesgo nuestras propias vidas. Tenemos que ir saltando de un lado al otro, casi literalmente, para evitar que algún auto o combi nos atropelle. En Lima, los pasos de cebra significan algo totalmente distinto que en el resto del mundo: “cédele el paso a los vehículos motorizados”.

El paro de 48 horas decretado por los transportistas por las elevadas sumas de las multas de tráfico resulta a todas luces una injusticia. Estas personas han olvidado que como ciudadanos no sólo tienen derechos sino también responsabilidades. Esto implica que tienen que respetar las señales de tránsito, las rutas y las tarifas. Como pasajeros constantemente nos degradamos al vernos inmersos en pleitos constantes por el incumplimiento de las rutas de las combis, por el cambio arbitrario del costo de los pasajes, o simplemente porque los choferes y cobradores en resumidas cuentas, hacen lo que les viene en gana. ¿Cuántas veces hemos estado a punto de sufrir un accidente de tránsito a causa de su insania? ¿Por qué al gobierno no le interesa hacer respetar el derecho de los ciudadanos que son pasajeros? La respuesta es obvia, porque no se encuentran organizados.

La solución implicaría la estatización del transporte público y la construcción de una red ferroviaria para los viajes interprovinciales. De esta forma, se ofrecería a los ciudadanos una alternativa digna de transporte que no haga peligrar sus vidas. Frente a esta propuesta se podría objetar una posible pérdida de puestos de trabajo. Sin embargo, no se toman en cuenta dos aspectos: el subempleo y los posibles beneficiarios de esta medida. A cambio de los muchos subempleados que ocupa el transporte público actualmente, se podría tener menos pero mejor remunerados puestos laborales, con todos los beneficios que implica trabajar para el Estado (seguro de salud, pensión, sueldos extras, bonificaciones, etc.). Asimismo, los grandes beneficiados de esta medida, que son las personas con menores recursos económicos puesto que los demás se movilizan con sus propios coches, pueden gozar no sólo de un mejor servicio sino también de los beneficios que implica este reordenamiento que son: tener rutas y paraderos establecidos, horarios fijos para los buses, tarifas únicas y para aquellos que se movilizan muchas veces al día, pasajes mensuales o semanales que les permitan movilizarse cuantas veces quieran pagando una sola vez a la semana o al mes. Aunque esta propuesta parece una utopía, quizá algún día pueda hacerse realidad, todo depende de que como pasajeros, ciudadanos y consumidores sepamos hacer respetar también nuestros derechos.

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