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¿Ley mordaza o la gran estafa? El legado fujimorista en los medios de comunicación

08/21/2009

Por: Héctor Huerto Vizcarra

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Hasta el momento no sé qué resulta más espantoso, si los intentos del gobierno para amedrentar a los ciudadanos que hacen uso de su derecho a la libre expresión mediante la utilización de diversas herramientas que ofrece internet, “prensa digital” lo denomina erróneamente el gobierno, o si la campaña de desinformación generalizada de los distintos medios de comunicación, como La República, o de algunos de los periodistas “digitales” más renombrados como Marco Sifuentes.
Está claro que el Proyecto de Ley 2971/2008-CR es un sancochado que mezcla con desparpajo dos acciones legales ya tipificadas, el derecho de rectificación y la difamación. Siendo probablemente más una muestra de la incapacidad de los firmantes de tal proyecto, donde figura nuestro flamante Ministro de Justicia, que un intento serio de censura a la libertad de expresión. El principal objetivo que tiene tal sinrazón es dejar en claro que los que utilizamos internet para expresar nuestra opinión, muchas veces política, no somos intocables. En otras palabras, Alan García y compañía nos están dando la bienvenida a las grandes ligas. Hace rato que la verdadera oposición se encuentra tras las pantallas y los teclados y no en el Congreso.
Sin embargo, nada justifica la patraña informativa que ha saltado junto a este tema. El Consejo de Prensa Peruana (CPP) señala que el Proyecto de Ley en cuestión plantea la posibilidad de pedir la rectificación de una opinión, lo cual es absolutamente falso, puesto que en su art. 5 plantea: “El manifiesto de rectificación expreso debe limitarse a los hechos mencionados en la información difundida y en ningún caso puede comprender juicios de valor u opiniones de carácter subjetivo.” Esto tampoco no es nada nuevo porque está estipulado tal cual en la ley de rectificación vigente firmada en 1997 por Fujimori.  El CPP también afirma que el proyecto de ley tan sólo establece un supuesto para negar una rectificación, cuando en su art. 5 establece claramente cinco de ellos. Hasta ese punto, habría que preguntarse qué proyecto de ley está revisando el CPP. Tampoco se puede hacer oposición por oposición, sobre todo si lo que se quiere es tener una ciudadanía sesuda y no descerebrada.
En ese sentido, tampoco es nuevo, como ha afirmado el CCP y Sifuentes, que todos los que publiquemos nuestros puntos de vista, sea en el  formato que sea, estemos ajenos a ser denunciados penalmente o la posibilidad que nos pidan la dirección del lugar de donde publicamos. En el art. 314 del Código de Procedimientos Penales de 1940, actualmente vigente, se plantea: “Los jueces instructores sustanciarán los procesos por los delitos de calumnia, difamación e injurias, perpetrados por medio de impresos o publicaciones, o prensa, o con escritos, vendidos o exhibidos, o por carteles expuestos al público, o el cinema, la radio, la televisión y otro medio análogo de publicidad…”. Es decir, los blogs, los canales en youtube,  las cuentas de twitter, etc. ¿Cómo pudieron anticiparse tanto los legisladores de 1940? Simplemente porque en esa época existían sus versiones menos modernas que eran los diarios de la tarde, los pasquines anónimos, los manifiestos, etc. Y porque a través de toda nuestra historia a nuestros gobernantes nunca le ha gustado tener oposición.

Lo que hay que debatir es por qué en la ley de rectificación que da Fujimori se menciona directamente a los Directores de los medios de comunicación y no a los autores de las notas o informaciones inexactas. ¿Hay mejor manera de controlar a un medio de comunicación que condicionando a su Director? Sino que le pregunten a Álvarez Rodrich. También hay que cuestionar lo altas que son las penas para los casos de difamación, entre uno y tres años de cárcel. Todo ello es parte del legado fujimorista que alegremente seguimos manteniendo sin cuestionamiento alguno.

Si vamos a hacer una oposición no caigamos en el escándalo fatuo e intrascendente que mira la mugre sólo en los bordes. Es hora de reventar los chupos de una clase política podrida y desfasada, de crear una ciudadanía eficiente y consciente de sus propios derechos y obligaciones. El Perú ya no soporta más muertos vivientes.

Comentarios del artículo pasado:

He recibido varios comentarios sobre los hechos ocurridos en San Marcos que me alegran profusamente puesto que demuestran una sensibilidad más que necesaria con respecto a los demás animales del mundo. No hay que olvidar que los seres humanos también somos animales, al fin y al cabo. Rescato especialmente el comentario de la investigadora mexicana Giselle de la Cruz que me alcanzó una frase de Norberto Bobbio, quien señala que el hombre entenderá el concepto de igualdad cuando sepa que ésta traspasa las barreras del género humano, cuando entendamos que somos iguales a los animales, sobre todo en nuestra capacidad de sufrimiento.

Otrosí: Les recomiendo estar atentos con los que pasa en la minera Doe Run que se niega a cumplir el Programa de Manejo y Adecuación Ambiental (PAMA), lo que obliga indirectamente a los trabajadores a ponerse de parte de la minera para que siga funcionando y plantear la posibilidad de un paro regional este 31 de agosto.

Otrosí 2: Mufarech acaba de denunciar legalmente a un opositor “digital” por un millón de dólares.

Actualización: Desde otro blog me acaban de hacer un comentario que he respondido en ese mismo lugar. Les recomiendo darle una mirada puesto que me explayo un poco más en el tema.

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